Corrupción: una lacra estructural

 

Por mucho que los justificadores profesionales se esfuercen en actualizar los pretextos para contextualizar la catarata de casos de corrupción que inundan la prensa a diario, es incierto que sean sólo algunas manzanas podridas. Como también lo es que la explicación ulterior de la creciente degradación de la vida pública sea causada por la maldad intrínseca de los ciudadanos de este país en comparación a los de otros, o, como también se sugiere, que se trate de un mal privativo de la función pública, ajeno al ámbito privado.

Todas las anteriores hipótesis no dejan de ser simplificaciones y, como tales, incompletas e insuficientes para explicar lo que está pasando. ¿Por qué proliferan investigados, acusados, procesados y condenados entre los representantes de los principales partidos políticos? ¿Por qué cada vez resulta menos exagerado hablar de financiación irregular de determinados partidos políticos? ¿Por qué sigue sin arraigar la necesaria asunción de responsabilidades políticas ex ante de las responsabilidades jurídicas? ¿Por qué la corrupción pasa tan nimia factura en los procesos electorales?

Demasiados interrogantes como para responder de manera unívoca, pero sí es posible, a nuestro juicio, perfilar algunos parámetros objetivos que ayuden a entender el problema. En España, la corrupción ha adquirido visos de ser un mal genuinamente estructural, frente al que las instituciones no responden, o bien responden mal, tarde y de manera disfuncional. Desde Plataforma Ahora, negamos la perversidad ontológica de los ciudadanos españoles, o, al menos, no creemos que haya mayor número de ciudadanos españoles corruptibles que en otras latitudes. Si existe un mayor terrero fértil para corruptos y corruptores, la explicación hemos de buscarla y encontrarla en la dejación de funciones de nuestras principales instituciones para controlar la corrupción, sancionarla y prevenirla.

Se nos dirá – y es cierto- que en la actualidad han proliferado los procedimientos penales contra la corrupción política y financiera, cara y envés de la misma moneda. Así ha sido. Resulta necesario, en todo caso, fijarnos en la letra pequeña de esos procedimientos y en cómo se han desarrollado, o cuál ha sido su desenlace. La mayor parte de las causas penales contra la corrupción han sido incoadas por pequeñas organizaciones o partidos políticos ejerciendo la acción popular, que ahora pretende restringirse de manera espuria con los claros fines de obstaculizar la lucha contra la corrupción política. Al mismo tiempo, se ha aprobado una reducción en los plazos de instrucción de las causas penales, con fines más o menos semejantes. En la mayor parte de los citados procesos, el Ministerio Fiscal muestra una actitud más que complaciente con determinados investigados o acusados “de cuello blanco”. Seguimos advirtiendo, en el propio desarrollo procesal de los citados casos de corrupción, preocupantes indicios de que el sistema mantiene vías de escape por las que la impunidad se desliza con cierta facilidad.

Así mismo, los organismos públicos de control, que deben desempeñar un papel fiscalizador de los comportamientos públicos y privados, están, en demasiadas ocasiones, cooptados por los principales partidos políticos, lo cual merma drásticamente su independencia a la hora de realizar sus principales cometidos. Así, el claro ejemplo de la CNMV en la salida a bolsa de Bankia y su silencio cómplice ante lo que luego se reveló como una de las operaciones de opacidad financiera más lamentables de la Historia reciente de este país. Qué decir, por ejemplo, de las no tan añejas Cajas de Ahorro, como la citada y otras, en cuyos Consejos de Administración cohabitaban en perfecta connivencia representantes de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. El uso de las instituciones públicas para el lucro personal ha sido el principal síntoma del generalizado proceso de degradación institucional de nuestro país.

Y si la intervención partidista de los organismos públicos de control ha sido más que patente, aún más lamentable resulta lo acontecido en la Justicia o en el Tribunal Constitucional. Un CGPJ convertido de facto en un órgano de políticos togados donde los partidos se reparten de manera indisimulada cuotas y sillones, y un Tribunal Constitucional en el que hasta su presidente puede llegar a ser militante de uno de los principales partidos políticos del país. La Justicia, formada por lo demás por grandes profesionales que en su amplia mayoría cumplen su función con pocos medios y hercúlea determinación, se encuentra intervenida políticamente en sus altas esferas. Junto a las formas explícitas de corrupción, cada vez son más numerosos los correlativos usos de corrupción soterrada: redes clientelares, enchufismo, amiguismo, etc. Todo ello socava indefectiblemente la confianza en el sistema político y en la representación pública. Algunos siguen aferrados a una pueril negación de tan indiscutible realidad, como si la distorsión de los hechos minimizara el daño causado. Craso error.

En Plataforma Ahora estamos firmemente convencidos de que en España la corrupción no es privativa de unos u otros lugares, de unos u otros ciudadanos. Sin duda, a todos nos vienen a la cabeza conspicuos nombres que representan mejor que nadie la degradación y pérdida progresiva de higiene en la vida pública. Pero más allá de nombres concretos o de la enumeración exhaustiva de los inagotables casos de corrupción que se suceden y superponen unos a otros, cabe reflexionar sobre las causas últimas, profundas y primigenias del gran mal endémico de la corrupción. Sin duda, las verdaderas causas de la corrupción en España son estructurales. Aluden a una institucionalidad disfuncional que en demasiadas ocasiones valida, por acción u omisión, prácticas corruptas o clientelares que degradan progresivamente el sistema. Sin una justicia verdaderamente operativa e independiente, sin unos organismos públicos fiscalizadores neutrales y no intervenidos por los partidos políticos, sin una meridiana separación de poderes, seguiremos asistiendo día sí, día también, a una catarata interminable de noticias tan poco edificantes como las que nos abruman cada día.

La corrupción política, variedad especialmente perversa de la corrupción, puesto que supone de facto la utilización de los recursos públicos para fines personales o privados, implica, además, una agresión doblemente inaceptable: al ilícito causado, se le suma el ataque a la credibilidad de nuestro sistema representativo y el balón de oxígeno que esto supone a todos aquellos que tienen la intención de desarticularlo. Para defender la representatividad pública y la imprescindible participación política, exigir transparencia y honorabilidad debe ser un prius innegociable. La lucha contra la corrupción política no puede constituir, a su vez, un eje programático o ideológico, sino una exigencia consensuada y básica, en la que nos encontremos, más allá de nuestras concretas adscripciones ideológicas, todos los ciudadanos comprometidos con una sociedad mejor. Sólo así preservaremos la política como lo que es: un verdadero patrimonio público, sinónimo directo de ciudadanía, y diametralmente alejado de esa concepción espuria y tergiversada de la política como trampolín de unos pocos para su lucro personal.

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