El artículo 155 y la pedagogía democrática

El pasado sábado 21 de octubre el Consejo de Ministros dio luz verde a la aplicación del artículo 155 de la CE. Tras demasiadas dudas y dilaciones, finalmente el Gobierno de España ha decidido tomar las riendas de la situación, apoyado por PSOE y C´s. El Gobierno, que hasta la fecha permanecía dubitativo, timorato e inmovilizado hace acto de presencia a través de este último resorte. Los tribunales de justicia, el propio Tribunal Constitucional, el Jefe del Estado, y de manera especial la sociedad civil, esa mayoría silenciosa que ya nunca volverá a su letargo silente ante la imposición nacionalista… todas las citadas instancias de la sociedad española habían dado ya sobradas muestras de compromiso con el orden constitucional y la democracia. Sólo faltaba por aparecer el Gobierno. El sábado lo hizo. Desde Plataforma Ahora lo celebramos. No hemos escatimado críticas – siempre justificadas – a este gobierno y a la oposición democrática: por inacción, por cesión ante el nacionalismo, por mirar demasiadas veces a otro lado. Pero cualquier posición crítica exige como condición irrenunciable el reconocimiento de los aciertos: el Gobierno de España cumplió con su obligación y acordó la aplicación del artículo 155 en toda su extensión.

A pesar del calculado estigma creado por demasiados en torno a este artículo, recordemos que el 155 dista mucho de ser una anomalía  en el derecho comparado. Muy al contrario, encuentra correlato casi literal en las constituciones de nuestro entorno. Un entorno democrático, huelga decir. Más concretamente, el artículo 155 fue importado de forma casi literal de la Constitución alemana. No se trata de cosa distinta que de la habitual cláusula de cierre de un Estado federalizante con un profundo grado de descentralización como el nuestro. En efecto, en Estados descentralizados como el español, se antoja imprescindible la existencia de un precepto como el invocado, que clarifique la prevalencia del orden constitucional sobre cualquiera de las partes que conforman el todo estatal, llegado el caso de que su comportamiento entre en colisión con la democracia y con la integridad territorial de ese Estado. Eso es, precisamente, lo que lleva demasiado tiempo ocurriendo en Cataluña: el constante y sostenido proceso de vulneración de los artículos 1.2 y 2 de la CE. A saber, que la soberanía reside en todo el pueblo español, y que la nación española es indisoluble. Como ocurre, dicho sea de paso, en todas las Constituciones del mundo democrático. El concepto de nación al que alude nuestra CE es, como no podía ser de otra manera, un concepto político diametralmente opuesto a ese anacronismo atávico de las naciones étnicas, fantasma genuino de un tiempo, oscuro y sangriento, que creíamos superado. Una nación de ciudadanos libres e iguales, un marco de convivencia  sin lugar para la discriminación o el privilegio, eso consagra nuestra Constitución. La aplicación del artículo 155 devuelve, por tanto, la proporcionalidad a escena: ante un golpe de Estado- o un nuevo amago -, su no aplicación hubiera supuesto un ejercicio de parálisis desproporcionada y quién sabe si definitivamente letal para la pervivencia de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho.

La aplicación del artículo 155 ha descubierto algunas fallas estructurales de nuestro país, largo tiempo sospechadas: la falta de cultura democrática es una. La permanente adolescencia de nuestra izquierda pretendidamente radical, otra. Y decimos pretendidamente radical – en su significado etimológico más genuino, el de ir a la raíz de los problemas – porque, en el fondo, es una izquierda superficial y abiertamente naif, que tiene de izquierda sólo la etiqueta nominal que se atribuye a sí misma, y de naif, el resto, es decir, todo.

Falta cultura democrática cuando se invoca la necesidad de dialogar, en un momento en el que las leyes democráticas no aparecen ya violentadas, sino flagrantemente vulneradas. Se olvida tristemente que es precisamente el diálogo el cauce que deriva en la aprobación de esas leyes, dique irrenunciable frente a la arbitrariedad. Esa misma arbitrariedad que hoy algunos quieren imponernos. La arbitrariedad que, como ocurre siempre, imponen unos pocos privilegiados sobre el resto. No, el diálogo no puede invocarse como subterfugio metafísico para debatir la aplicación o inobservancia de las leyes. Si tal cosa se hiciese, estaríamos indefectiblemente en manos de quienes desean atropellar a los demás. Quienes pretenden sustituir el gobierno de las leyes por el gobierno de los hombres sin ley, están, tal vez sin saberlo, allanando el terreno al fascismo. A los cimientos básicos de un sistema totalitario, donde el abuso – la ausencia de ley – sea patrón de conducta generalizado. Dialogar sobre cómo dejar de aplicar las leyes democráticas implica la voladura de nuestra convivencia y el tránsito inexorable hacia las tinieblas de un mundo sin ley, donde siempre vence el que más posesiones, dinero, contactos o poder de influencia tiene. El más fuerte, en definitiva.

Volvamos a la izquierda radical. A la izquierda presuntamente radical, que venía a remover conciencias y a luchar contra la precariedad, los desahucios, la desigualdad y la crisis. La que se disponía “a tomar los cielos por asalto”, y ha terminado, simplemente, tomándonos el pelo. Una izquierda a la que hoy no se le conoce una sola propuesta novedosa para aumentar la igualdad y la equidad social en nuestro país. Podemos, claro. Una amalgama de populismo trasnochado y sumisión perfecta ante el mantra identitario. Hoy, en el eje central de su política, en sus elementos nucleares, Podemos defiende la ruptura de nuestra ciudadanía compartida y la voladura de la convivencia democrática. Como si la sustitución de la ley democrática por la arbitrariedad manifiesta de unos pocos fuera una propuesta transformadora. Como si en el levantamiento de una frontera hubiera algo de revolucionario. Como si otorgar derechos diferentes, es decir privilegios, a unos pocos por participar de una presunta identidad fuese garantía de progreso. Como si tales posicionamientos no fueran un guiño directo a la sociedad feudal, al Antiguo Régimen, no el de Franco, sino el de verdad, el previo a la Revolución Francesa. Una izquierda desnortada y reaccionaria que clama con sus actos la necesidad de su sustitución en el panorama político español, y más temprano que tarde.

La aplicación del artículo 155 y de todos los instrumentos de nuestro Estado de Derecho no es una opción. Resulta un compromiso irrenunciable. La ley democrática proscribe arbitrariedades y abusos de poder. Para los de abajo, para las personas más débiles de la sociedad, es una garantía absoluta. Cualquier izquierda que se precie no se puede permitir olvidarlo nunca: sin ley no hay democracia; sin ley, sólo habrá abusos, atropellos, arbitrariedades de unos pocos sobre el resto. Ni en la ruptura de la convivencia democrática hay izquierda, ni la hay en el nacionalismo supremacista, que entierra la igualdad en nombre de los privilegios de unos pocos. No hay rastro de izquierda en semejantes antiguallas; más bien su perfecta negación, la garantía reaccionaria de que nunca alcancemos la hermosa utopía posible que nos mueve, la consecución de unas sociedades de mujeres y hombres igualmente libres y plenamente fraternos. Por eso, hay dos ejes ideológicos -el compromiso con la democracia y el rechazo a cualquier nacionalismo- que son centrales en la izquierda cívica que encarna, desde su nacimiento, Plataforma Ahora.

3 comentarios en “El artículo 155 y la pedagogía democrática

  1. No hay duda de que todo lo que se expone en este artículo es rigurosamente cierto. Sin embargo, solo sirve para reafirmar en nuestras convicciones a los que ya estamos convencidos. Es algo necesario y correcto, pero no suficiente. Se echa en falta una estrategia de comunicación diseñada para convencer a los indefinidos e indiferentes. Esta plataforma podría ser un lugar ideal para debatirla y ponerla en marcha.

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  2. Me ha gustado muchísimo este artículo, suscribo lo que dice y felicito a su autor.
    Llevo tiempo dando vueltas a esta cuestión de la izquierda surrealista que tenemos ahora en España. Me parece el mundo al revés que ciertos partidos que se cuelgan la etiqueta de izquierda defiendan que una de las regiones donde mejor se vive de España y con mayor renta per cápita quiera separarse fundamentalmente para no compartir impuestos con el resto. Que defiendan a un grupo de personas que han cometido la barbaridad de cerrar el Parlament y ningunear a la mitad de los representantes del pueblo de Cataluña (incluidos ellos). Nos hemos vuelto locos resucitando la palabra franquista y llamando fascistas a quienes no toleran estas cosas. Es ese «buenismo» extendido, esa falta de visión de la realidad. Estos nuevos políticos salidos de las universidades que no conocen otra cosa, no son conscientes de su propio privilegio y de las realidades tan distintas que hay en España.
    Sigo con interés a Plataforma Ahora, muchas gracias por dedicar tiempo y energía a esta iniciativa.

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