La dignidad de nuestro sector público

Con ocasión de la grave crisis económica que durante los últimos años ha vivido medio mundo y de manera pronunciada nuestro país, algunos gurús económicos se aprestaron a denunciar la ineficacia y obsolescencia de nuestro sector público, fuente de un gasto insostenible en el que debían centrarse los mayores esfuerzos de las recetas de austeridad y recortes sociales. No han sido pocas las voces que, en los últimos tiempos, se han pronunciado con especial rotundidad defendiendo la necesidad de reducir el peso del sector público en la economía, de disminuir el número de funcionarios y empleados públicos – confundiendo de manera interesada a los enchufados a dedo por nuestros representantes políticos con los funcionarios que ocupan sus puestos de trabajo tras aprobar oposiciones basadas en los principios de mérito y capacidad – y defendiendo la necesidad de congelar o rebajar sus emolumentos.

El pasado sábado 18 de noviembre, en las calles de Madrid tuvo lugar la gran manifestación de JUSAPOL por la equiparación salarial de nuestro policías nacionales y guardias civiles con policías locales y autonómicos. Allí estuvo Plataforma Ahora enarbolando la bandera de esta causa justa. Al contrario que esas voces demagógicas que hostigan sin parar a nuestro sector público, nosotros tratamos de mirar con objetividad la realidad de los hechos. Ni la crisis económica surgió a consecuencia de un sobreendeudamiento del sector público – sino más bien por los excesos de determinados agentes económicos privados y la falta de regulación (o la mala regulación) que supervisara sus interacciones – ni los funcionarios públicos son prescindibles o un estorbo. No creemos que el Estado deba desempeñar un papel meramente residual, sosteniendo unos servicios públicos esquilmados de recursos y profundamente degradados. Como bien explicó la economista italiana Mariana Mazzucato en su libro “El Estado Emprendedor”, creemos que éste no debe limitarse únicamente a garantizar las condiciones económicas de creación de riqueza sino que además tiene que asumir su papel en la generación directa de puestos de trabajo. Cierto es que nosotros reivindicamos una economía social de mercado, toda vez que las economías planificadas demostraron su inviabilidad de forma reiterada durante el pasado siglo, pero distamos mucho de creer que el mercado es algo así como el becerro de oro, capaz de autorregularse, crear riqueza y distribuirla de manera equitativa. Nada más alejado de la realidad. Como igualmente incierto resulta sostener que determinadas funciones esenciales para el conjunto de la ciudadanía pueden privatizarse o externalizarse al sector privado. Ningún ensayo de gestión privada de la educación o la sanidad ha funcionado. Las formas de capitalización de los sistemas de pensiones tampoco se revelaron justas, equitativas o eficientes. Por no hablar de la seguridad, la defensa o la justicia: obviamente no existe siquiera una formulación seria, alejada de irrisorias utopías, para proveer de manera privada dichas atribuciones clásicas del Estado.

Por tanto, partiendo del axioma de la necesidad del Estado y de un sector público con la suficiente fuerza para corregir las disfuncionalidades y desigualdades que el mercado dejado a su libre arbitrio comporta, hemos de procurar revertir la degradación de las condiciones salariales de nuestros funcionarios y empleados públicos. Algunos opondrán que no son los únicos y, en muchas ocasiones, aun habiendo visto congelados o rebajados sus salarios, conservan una posición de privilegio en relación a los trabajadores por cuenta ajena o los autónomos, por no hablar de los que trabajan sin garantía alguna, en indignos fraudes de ley y condiciones de absoluta explotación. No seremos nosotros quienes neguemos esto. Todo lo contrario. Pero la precariedad no es un juego de suma cero. Que uno sea precario no implica que el otro deje de serlo. Reclamar dignidad integral, incluida la salarial, para nuestros funcionarios y empleados públicos no obsta para que podamos y debamos también reivindicarla para todos los trabajadores del sector privado. Necesitamos una sociedad justa y digna, donde los maestros y profesores, los médicos y enfermeros, nuestros funcionarios de justicia, y nuestros policías y guardias civiles tengan unas condiciones justas y dignas. No se trata de garantizar el interés particular o gremial de nadie, sino de tutelar los intereses generales del conjunto de la sociedad: qué mejor que hacerlo prestigiando a los que, mediante su trabajo, nos sirven a diario a todos los ciudadanos.

Por eso Plataforma Ahora estuvo el sábado con JUSAPOL en Madrid. EL Estado Social y Democrático de Derecho – nuestro Estado del Bienestar – no es una conquista subsidiaria o prescindible. Es la línea de demarcación que separa los sistemas inclusivos de aquellos en los que impera el sálvese quien pueda. Los servicios públicos han de sufragarse, además, con los impuestos de todos y, en especial, con los de los que más tienen. La progresividad fiscal, sobre la que debe pivotar una profunda reforma fiscal que garantice una adecuada presión fiscal sobre las rentas del capital y sobre las grandes fortunas, y una verdadera armonización fiscal en España y en toda la Unión Europea, son medidas imprescindibles para preservar la sostenibilidad de nuestro sector público y la dignidad salarial y económica de nuestros funcionarios y empleados públicos. Nada de lo anterior impide, además, desmontar las estructuras de colocación y clientelismo creadas alrededor del poder político, ni fomentar los principios de mérito y capacidad, eficacia y eficiencia, entre nuestros funcionarios y empleados públicos. Dejar de estigmatizar el sector público y potenciar, crítica pero proactivamente, todas sus potencialidades será imprescindible para vencer tantos prejuicios creados de manera inducida en el imaginario colectivo.

Otra de las razones principales que motivó la presencia de Ahora en la marcha de JUSAPOL es la defensa del principio de igualdad en todo el Estado. El proceso de descentralización asimétrica llevado a cabo al calor del desarrollo de nuestro Estado de las Autonomías ha provocado unas diferencias sangrantes entre los servicios públicos que se prestan en una y otra parte del país. Esta brecha también se refleja en los salarios que perciben unos y otros empleados públicos. No sólo los policías nacionales y guardias civiles, aunque su diferencia salarial respecto a policías locales y autonómicos resulte especialmente hiriente. Todas estas diferencias se explican dentro de la lógica perversa de disgregación territorial y centrifugación del Estado. Parece que lo de todos siempre tiene que ser secundario respecto a lo que es de unos pocos. Una lógica particularista y esencialmente antigualitaria que, en el culmen de la paradoja, ha sido promocionada por las izquierdas oficiales, sometidas al mantra nacionalista. Plataforma Ahora rechaza la disgregación del Estado y sus devastadoras consecuencias, como el maltrato salarial de nuestros guardias civiles y policías nacionales. Es hora de revertir tamaña anomalía.

La dignidad del sector público es una de nuestras banderas irrenunciables. Contemplamos con disgusto la parcialización del discurso ideológico progresista entre las fuerzas políticas de nuestro país: quienes defienden la integridad territorial del Estado, repudian los beneficios sociales de la socialdemocracia y del Estado del Bienestar; y quienes defienden una política económica social y progresiva, se muestran laxos y comprensivos ante el nacionalismo disgregador que busca debilitar y fracturar el Estado. Ambas posiciones son incompletas y, por tanto, incapaces de mostrar congruencia ideológica en la defensa de nuestro sector público. Plataforma Ahora sigue pensando que el Estado es condición de necesidad del Estado del Bienestar. De ahí que resulte imprescindible defender la unidad territorial del Estado para hacer viable su capacidad de garantizar un sector público fuerte y redistribuidor, con empleados prestigiosos y bien remunerados. La dignidad del sector público no es una conquista de sus directos beneficiarios, sino el reflejo palmario de nuestra dignidad como sociedad.

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