Ley electoral: una reforma imprescindible

Es de celebrar que Ciudadanos y Podemos, hace tiempo distanciados en casi todo de una forma bastante cainita, se sienten a debatir sobre una propuesta que teóricamente comparten… y en la que además se puede converger desde diferentes perspectivas ideológicas. Hablamos de la reforma de la ley electoral. Desde Plataforma Ahora siempre hemos manifestado nuestro compromiso con esta imprescindible medida de regeneración democrática.

Resulta preciso aclarar, en primer lugar, que la ley electoral es un instrumento de participación democrática, siempre perfectible, con lo que parece quimérico pretender acuñar una forma de participación y distribución electoral que a nadie incomode y que sea irrefutable. No se trata de buscar la perfección en este instrumento, sino más bien de ser suficientemente flexibles para revisarlo cuando son abundantes los indicios que apuntan a las profundas distorsiones que la actual ley electoral provoca en la configuración de la representación popular.

Una palabra se eleva por encima de cualquier otra consideración y condensa la pertinencia y necesidad de la reforma: proporcionalidad. En efecto, nuestra ley electoral no garantiza la imprescindible proporcionalidad del voto, o, al menos, no lo hace de manera suficiente. Se promociona un sistema de bipartidismo imperfecto – ahora matizado por las concretas circunstancias políticas de nuestro país – que permite que fuerzas políticas con implantación en una exclusiva CCAA se vean sobrerrepresentadas mientras que las fuerzas de implantación nacional pero apoyo minoritario o disperso son gravosamente perjudicadas. Además, el voto dista mucho de tener el mismo valor en todas las circunscripciones, siendo así que en circunscripciones con pocos escaños en juego resulta completamente inútil – a efectos de obtención de representación parlamentaria – votar a fuerzas políticas no mayoritarias. Por otra parte, la barrera de entrada en el sistema electoral convierte la incorporación de fuerzas extraparlamentarias a las cámaras de representación muchas veces en una verdadera odisea. Ahí tenemos algunos ejemplos palmarios: mientras el PNV goza de representación parlamentaria con 5 escaños, alguna fuerza extraparlamentaria con mayor número de votos que los jeltzales no logra alcanzar representación parlamentaria.

Bien es cierto que el sistema uninominal inglés de corte mayoritario, por poner un ejemplo, es un sistema ampliamente más anti-proporcional que el nuestro. ¿Significa esto que carezca de ventajas? A buen seguro podrían citarse algunas, como la posibilidad de fiscalizar de manera directa la labor del representante de la circunscripción, o la tendencia a consolidar mayorías estables. Sin embargo, la clamorosa ausencia de proporcionalidad ahonda en la sensación de que las composiciones parlamentarias no son un reflejo fidedigno de la voluntad popular. Y esto distancia a los electores del sistema y potencia la sensación de no representatividad.

En este sentido, resulta plenamente legítimo plantearse algunas cuestiones que podrían revertir las actuales distorsiones electorales, cuestiones más determinantes que la concreta fórmula D´Hondt aplicada para la atribución y reparto de escaños. ¿Por qué cuando se plantea una reforma electoral se trata de advertir negativamente sobre las propuestas que implican una reforma constitucional? ¿Por qué, en este sentido, no empezamos por reconocer que el principal escollo hacia la proporcionalidad es la circunscripción provincial? ¿Por qué no podemos, en el contexto de dicha reforma constitucional, caminar hacia la circunscripción única, como propone sin complejos Plataforma Ahora? ¿Por qué no podrían eliminarse las barreras de entradas en las cámaras de representación popular? ¿Y por qué no asumimos, sin ambages, que el requisito de obtención de firmas previo a presentar candidatura constituye un flagrante intento de subvertir la pluralidad política y democrática?

Sabemos que se suele responder a las antedichas preguntas apelando a la inconveniencia de tocar la CE, con lo que ello comporta de consensos y profundos debates, potencialmente conflictivos en un país tan polarizado políticamente como el nuestro. Sin embargo, es un síntoma de salud democrática ser capaz de acometer reformas constitucionales transparentes, sin subterfugios ni fraudes de ley. Otro de los argumentos contra una reforma tendente a una mayor proporcionalidad es el riesgo de provocar una gran fragmentación parlamentaria.

No obstante, desde Plataforma Ahora creemos que en la prelación de interés a tutelar debemos jerarquizar algunos valores imprescindibles como la salud democrática o la búsqueda de composiciones parlamentarias lo más fidedignas y representativas que sea posible. Estamos convencidos de que es preferible que coexistan en una cámara de representación un amplio abanico de formaciones de diverso cuño e ideología, aunque esto obligue a arduos debates y transacciones a la hora de formar gobierno,  a que el voto de millones de ciudadanos esté infravalorado en virtud a la circunscripción donde se emita o en función al partido político al que vaya dirigido. Además, creemos en la madurez de la ciudadanía para asumir sus decisiones e involucrarse activamente en política. No en vano, todos los ciudadanos somos políticos en democracia, puesto que las decisión políticas nos afectan directamente y condicionan de forma relevante nuestras vidas. Es por eso que cualquier tutela que coarte la pluralidad democrática y nos impida ejercer un voto libre y no filtrado sólo ayuda a degradar crecientemente la vida pública. De ahí nuestro rechazo a barreras de entrada y requisitos previos de firmas mínimas para presentar candidaturas electorales.

Si queremos que la representación pública recupere una posición privilegiada en el imaginario colectivo, y deje atrás un estigma cultivado por los esfuerzos de demasiados en agrandar la brecha entre representantes y representados, debemos acometer sin ambigüedades el debate electoral que se plantea. Que no nos paralice el miedo a equivocarnos, ni la pulsión conservadora de posponer toda reforma hasta un indeterminado momento futuro que nunca llega. Permanezcamos vigilantes para que los partidos políticos mayoritarios no antepongan su concreto interés partidista – el medido cálculo electoral de cada uno – al interés general. Y, llegado el caso de que muestren altura de miras, reconozcámoslo, ayudando también así a desechar de la práctica política esa gran lacra que es el sectarismo. Está en juego, con todo ello, la posibilidad de elevar sustancialmente la calidad de nuestro sistema democrático por encima de miopías partidistas de corto vuelo.

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