“¿Autonómicos o neofeudales?” por Rafael Rodríguez Prieto

Afirmar que el Estado autonómico es un gran fracaso es uno de los grandes tabúes de la política española. Los políticos no pierden oportunidad de cantar sus loas. Entre los académicos se plantean, mayoritariamente, reformas encaminadas a ampliarlo. Las escasas voces que osan cuestionarlo lo hacen con temor a ser identificados con posiciones marginales. Sin embargo, son muchos los ciudadanos que no parecen resignados a naturalizar las corruptelas, privilegios o el poder de las oligarquías regionales. Las autonomías han incumplido sus promesas y han recuperado lo aspectos más rancios y cainitas de la historia de España.

Hace años publiqué con un colega de la Universidad de Cádiz un artículo en el que se argumentaba que el Estado autonómico se estaba convirtiendo en un Estado pluricentralista. Este proceso se ha agudizado. Los argumentos favorables a un Estado que propiciara una mayor cercanía entre administración y administrado han quedado sepultados por la praxis centralista que desarrollan los gobiernos autonómicos. Madrid estaba lejos. Pero Sevilla, Barcelona o Valencia no lo están menos. La apoteosis de este hecho se ha materializado en el deseo del fugado de gobernar el Imperio de los Países Catalanes desde Bruselas. Para eso está internet, claro. Las tecnologías de la información permiten que Puigdemont hable mediante Skype con sus acólitos o que los presidentes autonómicos nos trasladen sus pensamientos más floridos con un trino digital. Pero, sobre todo, debieran servir para que la ciudadanía tuviera la opción de corresponsabilizarse activamente de las políticas públicas. No obstante, las administraciones autonómicas, lejos de ser una oportunidad para simplificar procedimientos y hacerlos más porosos a la participación, han terminado por complicar aún más la relación administración-administrados. Desgraciadamente, ese no es el mayor de los problemas.

No es necesario discurrir demasiado para percatarse de que el Estado autonómico no es cómo nos lo habían contado. La ofrenda autonómica al nacionalismo vasco y catalán se entendió como una vía para cercenar las veleidades separatistas. La alergia que ciertos dirigentes tienen a extraer consecuencias de la historia, nos ha conducido al fracaso actual. Los nacionalistas no han hecho una reflexión y evaluación seria de su comportamiento en la Guerra Civil. A decir verdad, tampoco se les ha pedido. Es como el padre que le regala el Iphone a su hijo adolescente al que acaban de suspender. Sin este necesario examen, la deslealtad era algo previsible. Del particularismo se ha pasado al supremacismo. De la autonomía, al neofeudalismo. De una sana diversidad al solo pueblo. La una, grande y libre cabalga de nuevo, pero multiplicada y bendecida por el nacionalcatolicismo de los peneuvistas o de los montserranos. Afirmaciones que en cualquier país de nuestro entorno estarían proscritas, o serían patrimonio de la extrema derecha más infame, aquí son discutidas e incluso apoyadas por una falsa izquierda en descomposición, abrazada al nacionalismo.

Que el español esté maldito en España, que en los libros de texto se mienta sin recato o que se use dinero de todos para erosionar la imagen de nuestro país son efectos lógicos de un nacionalismo que se ha envalentonado con el transcurrir de los años. La complicidad y la miopía política del PP-PSOE han sido decisivas. Al duopolio político el negocio autonómico no les viene mal. Tal como sucede ayer y hoy en Mallorca, Valencia o Galicia, el bipartidismo se afana en replicar los delirios nacionalistas. Junto con la proscripción sostenida de todo aquello que nos une, el bipartidismo utiliza la autonomía como un soporte clientelar cuya fruta podrida son los casos de corrupción que todos conocemos. La conjunción entre falta de controles, clientelismo y prácticas neofeudales que identifican el partido con la región han engullido las pocas esperanzas que podíamos tener en el modelo autonómico.

El nacionalismo y el duopolio PP-PSOE han usado el proceso autonómico para consolidar el modelo neoliberal de recortes del Estado del bienestar. Fue tan sencillo como descentralizar competencias sin recursos suficientes. Es verdad que también se han usado buena parte del dinero en todo tipo de gastos suntuarios en vez de en camas de hospitales o aulas climatizadas. Lo primero es lo primero. Los jefecillos locales tienen su estadito. De eso se trataba.

Quizá la cuestión no sea recentralizar o persistir en una descentralización neofeudal, sino apostar por la democratización. En cualquier caso, no se antoja tarea fácil. Lo que sí podríamos exigir como ciudadanos es que la Administración central asuma su papel de coordinación y control. A las administraciones autonómicas cabría pedirles un compromiso real con la ciudadanía que se traduciría en una participación más directa en las decisiones y en la defensa de los servicios públicos. Igualdad y libertad frente a privilegios y clientelismo. Ya lo dijo Fernando Savater, “los territorios no tienen derechos, sino los ciudadanos”. Un poco de modernidad no le sentaría mal al Estado autonómico.

Autor: Rafael Rodríguez Prieto
Fuente: http://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/Autonomicos-neofeudales_0_1220878333.html

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