“Cataluña: ¿y por qué no pueden decidir irse?” por Guillermo del Valle

Con bastante frecuencia se esgrime la pregunta como argumento central de la tesis secesionista:  ¿por qué no pueden decidir los catalanes separarse del resto de españoles? Con idéntica reiteración  se alude al principio  de legalidad,  que delimitaría las diferencias con aquel derecho comparado que sí habilita la eventual consulta.  No es cuestión  baladí el argumento invocado, puesto que desde las revoluciones democráticas sabemos que el gobierno de las leyes es siempre preferible al gobierno de los hombres (sin ley), al menos si conservamos una perspectiva civilizatoria. Sin embargo,  el hecho cierto de que la consulta no pueda ampararse de acuerdo a las leyes vigentes en España – comunidad democrática respecto  de la cual se plantea esa secesión  – no responde al interrogante más general sobre la condición de posibilidad de la propia secesión en un contexto democrático. La pregunta general apelará a la posibilidad de invocar un derecho a vivir aparte, a desgajarse de la comunidad política constitucionalmente vigente.

El derecho a decidir, formulación ya manida, no puede presentarse atendiendo al mínimo rigor exigible como eufemismo cobarde de un pretendido derecho de autodeterminación.  Más que nada porque España, con todas sus deficiencias, es desde hace décadas  una democracia plena. Pretender que  Cataluña,  autonomía beneficiaria de una profunda descentralización no sólo administrativa sino también legislativa, puede simular la condición de pueblo oprimido  o región poscolonial cae, directamente,  del lado de la obscena y burda ciencia ficción nacionalista. Por tanto, lo que se pretende colar de rondón a través de la machacona invocación del derecho a decidir no es cosa distinta  que la facultad de operar una secesión dentro de un contexto político democrático.

Los escollos con que se topa tal fantasía, como veremos oscura, no son pocos. Tradicionalmente,  uno de los fundamentos de la secesión,  desde perspectivas comunitaristas y nacionalistas,  es la invocación de la identidad compartida. Es un fundamento peligroso y espurio en democracia. Los zurdos o los rubios,  en última instancia, presentan similitudes identitarias y a nadie limpio de mente se le ocurriría reclamar un derecho privado y distinto para ellos. Aparejar a determinadas similitudes identitarias diferentes derechos socava de manera directa e irreversible el consenso de igualdad jurídica en que se asienta la idea misma de ciudadanía. Precisamente porque la mejor herencia ilustrada fue desechar las comunidades tejidas en torno a la sangre, a la etnia, a la pureza identitaria. La mejor herencia ilustrada consiste en garantizar la igualdad y libertad de todos los ciudadanos,  los iguales derechos asentados en leyes que son la expresión última de ese compromiso de civilización. Cuando se apela a la pretendida uniformidad identitaria de los catalanes,  uno no puede por menos que ruborizarse. Es sobradamente conocido que Cataluña es una demarcación administrativa de España, plural y felizmente mestiza,  en la que coexisten campo, urbe y costa. Mundos con identidades dispares, tanto como los del resto de demarcaciones administrativas del país. Ni siquiera la Historia, tantas veces invocada como sombría fuente de legitimidades democráticas, aporta el menor sustento objetivo para esgrimir la febril ideal de una comunidad monolítica y uniforme identitariamente, de tradición secular y rancio abolengo. Como ocurre con otras demarcaciones de España, podemos encontrar en Cataluña tantas identidades como queramos,  no una pura e inquebrantable como claman los nacionalistas.  Si queremos atisbar criterios que nos permitan hablar de identidades colectivas,  nada mejor que ir a las categorías de clase y extracción  socioeconómica,  y sin la menor dificultad los distritos obreros de Barcelona se nos asemejarán tanto mejor a los de índole similar en Sevilla o Madrid que a cualquier barrio barcelonés de alto poder adquisitivo.  Ciertamente, resulta disparatado apelar a la uniformidad identitaria de Cataluña, y no menos esperpéntico es aludir a los catalanes como si de un pueblo preconstituido se tratase, depositario de un legado milenario que le permita decidir su futuro como un sólo hombre. ¿Quiénes son esos catalanes a los que se apela? ¿Los que nacieron allí, los que tienen  la vecindad civil radicada en Cataluña pero emigraron de Andalucía o Extremadura – lugares que ahora algunos pretenden separar mediante  una nueva frontera – o los que hoy, hartos de la asfixia nacionalista, se han marchado a otras partes del país? ¿Se pretende sugerir que, en pleno siglo veintiuno, debemos realizar una xenófoba prospección por el linaje y el árbol genealógico de cada persona para escudriñar su posible encaje en esa categoría étnicamente pura que faculta para ostentar mejores derechos? ¿Y los mestizos, los que no viven enraizados a un terruño concreto, esto es, el común de los mortales, qué hay de ellos? Como vemos,  sostener la facultad de decidir vivir aparte con base en una identidad pura, monolítica… y ficticia es inaceptable desde una óptica democrática.

Si el argumento nacional-identitario para sostener la secesión de Cataluña enfrenta graves problemas de cariz democrático, otro tanto puede decirse de la fundamentación neoliberal del derecho de secesión.  Algunos prebostes del fundamentalismo de mercado han apelado a la posibilidad de articular un nacionalismo liberal, concebido como la maximización total del particularismo individualista.  Más que una posibilidad,  en puridad, esta tesis presenta una gran congruencia con sus fines últimos. “Como me disgustan las normas o altos impuestos de la comunidad política a la que pertenezco, decido irme,  llevarme mi patrimonio y capital,  vivir aparte”. La tesis, con más correlato teórico del que pudiéramos pensar, no es nueva y permanece latente en las tentaciones particularistas de muchos. Así, la querencia por implantar un cupo fiscal por persona, o extrapolar el derecho a decidir a cada ciudad, barrio, familia o individuo. En última instancia, según esta cosmovisión, los Estados se configurarían como meros clubes privados de libre adhesión y libre salida, en los que, desde luego, no estaríamos obligados a permanecer si las reglas (los impuestos, por poner un ejemplo paradigmático) que rigen la vida en común no nos placen. El fundamento es claro y hasta congruente pero desvela una incómoda realidad: el liberalismo, en su vertiente más ortodoxa, se lleva mal con la democracia.

Las fronteras – todas –  nos vienen dadas,  aceptémoslo  cuanto antes. Son producto de decantaciones históricas variopintas: guerras, tratados, enlaces matrimoniales, sangre… sobre todo mucha sangre. La verdadera conquista democrática consiste en hacer de las comunidades políticas vigentes verdaderas unidades de justicia y distribución, basadas en los valores racionalistas y universales de libertad,  igualdad y fraternidad.  Todos decidimos en pie de igualdad, sin espacio para privilegios de ninguna clase, porque todo el espacio político nos pertenece a todos, y no es propiedad exclusiva ni privativa de nadie. Ni el egoísmo particularista de no redistribuir con mis conciudadanos más desfavorecidos, ni la ficción  supremacista de aparejar derechos exclusivos a los presuntos titulares de una identidad, pueden justificar la quiebra del entramado de justicia y distribución en que se basa la comunidad política democrática.

Por supuesto, resulta legítimo ampliar los espacios de ciudadanía, hablar de ciudadanos iguales donde ayer sólo  había extranjeros. No hay trauma en el emborronamiento de una frontera, en su superación. Se trata de cristalizar el ideal de ciudadanía, ampliar los espacios políticos en donde son de aplicación nuestros derechos. Ahora  bien,  se formule abrupta o tramposamente, no tiene el menor encaje democrático abrir las urnas para levantar una nueva frontera, privando arbitrariamente a los que ya son ciudadanos de su condición, aumentando exponencialmente el número de extranjeros sin garantías ni derechos. Digámoslo cuanto antes: si nos tomamos en serio la democracia, nadie puede decidir irse de la comunidad política constitucionalmente vigente. Porque al marcharse, al trazar una línea de demarcación que separa a los conciudadanos, degradando la condición de ciudadanos de los que caen al lado malo de esa frontera, la comunidad política democrática desaparece. Bien pensado, vivir aparte es una manera de regresión a las tinieblas predemocráticas. Y votar las tinieblas no es aceptable, por supuesto que no.

Autor: Guillermos del Valle
Fuente: http://diario16.com/cataluna-no-pueden-decidir-irse/

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