“Cataluña: ¿y por qué no pueden decidir irse?” por Guillermo del Valle

Con bastante frecuencia se esgrime la pregunta como argumento central de la tesis secesionista:  ¿por qué no pueden decidir los catalanes separarse del resto de españoles? Con idéntica reiteración  se alude al principio  de legalidad,  que delimitaría las diferencias con aquel derecho comparado que sí habilita la eventual consulta.  No es cuestión  baladí el argumento invocado, puesto que desde las revoluciones democráticas sabemos que el gobierno de las leyes es siempre preferible al gobierno de los hombres (sin ley), al menos si conservamos una perspectiva civilizatoria. Sin embargo,  el hecho cierto de que la consulta no pueda ampararse de acuerdo a las leyes vigentes en España – comunidad democrática respecto  de la cual se plantea esa secesión  – no responde al interrogante más general sobre la condición de posibilidad de la propia secesión en un contexto democrático. La pregunta general apelará a la posibilidad de invocar un derecho a vivir aparte, a desgajarse de la comunidad política constitucionalmente vigente.

El derecho a decidir, formulación ya manida, no puede presentarse atendiendo al mínimo rigor exigible como eufemismo cobarde de un pretendido derecho de autodeterminación.  Más que nada porque España, con todas sus deficiencias, es desde hace décadas  una democracia plena. Pretender que  Cataluña,  autonomía beneficiaria de una profunda descentralización no sólo administrativa sino también legislativa, puede simular la condición de pueblo oprimido  o región poscolonial cae, directamente,  del lado de la obscena y burda ciencia ficción nacionalista. Por tanto, lo que se pretende colar de rondón a través de la machacona invocación del derecho a decidir no es cosa distinta  que la facultad de operar una secesión dentro de un contexto político democrático.

Los escollos con que se topa tal fantasía, como veremos oscura, no son pocos. Tradicionalmente,  uno de los fundamentos de la secesión,  desde perspectivas comunitaristas y nacionalistas,  es la invocación de la identidad compartida. Es un fundamento peligroso y espurio en democracia. Los zurdos o los rubios,  en última instancia, presentan similitudes identitarias y a nadie limpio de mente se le ocurriría reclamar un derecho privado y distinto para ellos. Aparejar a determinadas similitudes identitarias diferentes derechos socava de manera directa e irreversible el consenso de igualdad jurídica en que se asienta la idea misma de ciudadanía. Precisamente porque la mejor herencia ilustrada fue desechar las comunidades tejidas en torno a la sangre, a la etnia, a la pureza identitaria. La mejor herencia ilustrada consiste en garantizar la igualdad y libertad de todos los ciudadanos,  los iguales derechos asentados en leyes que son la expresión última de ese compromiso de civilización. Cuando se apela a la pretendida uniformidad identitaria de los catalanes,  uno no puede por menos que ruborizarse. Es sobradamente conocido que Cataluña es una demarcación administrativa de España, plural y felizmente mestiza,  en la que coexisten campo, urbe y costa. Mundos con identidades dispares, tanto como los del resto de demarcaciones administrativas del país. Ni siquiera la Historia, tantas veces invocada como sombría fuente de legitimidades democráticas, aporta el menor sustento objetivo para esgrimir la febril ideal de una comunidad monolítica y uniforme identitariamente, de tradición secular y rancio abolengo. Como ocurre con otras demarcaciones de España, podemos encontrar en Cataluña tantas identidades como queramos,  no una pura e inquebrantable como claman los nacionalistas.  Si queremos atisbar criterios que nos permitan hablar de identidades colectivas,  nada mejor que ir a las categorías de clase y extracción  socioeconómica,  y sin la menor dificultad los distritos obreros de Barcelona se nos asemejarán tanto mejor a los de índole similar en Sevilla o Madrid que a cualquier barrio barcelonés de alto poder adquisitivo.  Ciertamente, resulta disparatado apelar a la uniformidad identitaria de Cataluña, y no menos esperpéntico es aludir a los catalanes como si de un pueblo preconstituido se tratase, depositario de un legado milenario que le permita decidir su futuro como un sólo hombre. ¿Quiénes son esos catalanes a los que se apela? ¿Los que nacieron allí, los que tienen  la vecindad civil radicada en Cataluña pero emigraron de Andalucía o Extremadura – lugares que ahora algunos pretenden separar mediante  una nueva frontera – o los que hoy, hartos de la asfixia nacionalista, se han marchado a otras partes del país? ¿Se pretende sugerir que, en pleno siglo veintiuno, debemos realizar una xenófoba prospección por el linaje y el árbol genealógico de cada persona para escudriñar su posible encaje en esa categoría étnicamente pura que faculta para ostentar mejores derechos? ¿Y los mestizos, los que no viven enraizados a un terruño concreto, esto es, el común de los mortales, qué hay de ellos? Como vemos,  sostener la facultad de decidir vivir aparte con base en una identidad pura, monolítica… y ficticia es inaceptable desde una óptica democrática.

Si el argumento nacional-identitario para sostener la secesión de Cataluña enfrenta graves problemas de cariz democrático, otro tanto puede decirse de la fundamentación neoliberal del derecho de secesión.  Algunos prebostes del fundamentalismo de mercado han apelado a la posibilidad de articular un nacionalismo liberal, concebido como la maximización total del particularismo individualista.  Más que una posibilidad,  en puridad, esta tesis presenta una gran congruencia con sus fines últimos. “Como me disgustan las normas o altos impuestos de la comunidad política a la que pertenezco, decido irme,  llevarme mi patrimonio y capital,  vivir aparte”. La tesis, con más correlato teórico del que pudiéramos pensar, no es nueva y permanece latente en las tentaciones particularistas de muchos. Así, la querencia por implantar un cupo fiscal por persona, o extrapolar el derecho a decidir a cada ciudad, barrio, familia o individuo. En última instancia, según esta cosmovisión, los Estados se configurarían como meros clubes privados de libre adhesión y libre salida, en los que, desde luego, no estaríamos obligados a permanecer si las reglas (los impuestos, por poner un ejemplo paradigmático) que rigen la vida en común no nos placen. El fundamento es claro y hasta congruente pero desvela una incómoda realidad: el liberalismo, en su vertiente más ortodoxa, se lleva mal con la democracia.

Las fronteras – todas –  nos vienen dadas,  aceptémoslo  cuanto antes. Son producto de decantaciones históricas variopintas: guerras, tratados, enlaces matrimoniales, sangre… sobre todo mucha sangre. La verdadera conquista democrática consiste en hacer de las comunidades políticas vigentes verdaderas unidades de justicia y distribución, basadas en los valores racionalistas y universales de libertad,  igualdad y fraternidad.  Todos decidimos en pie de igualdad, sin espacio para privilegios de ninguna clase, porque todo el espacio político nos pertenece a todos, y no es propiedad exclusiva ni privativa de nadie. Ni el egoísmo particularista de no redistribuir con mis conciudadanos más desfavorecidos, ni la ficción  supremacista de aparejar derechos exclusivos a los presuntos titulares de una identidad, pueden justificar la quiebra del entramado de justicia y distribución en que se basa la comunidad política democrática.

Por supuesto, resulta legítimo ampliar los espacios de ciudadanía, hablar de ciudadanos iguales donde ayer sólo  había extranjeros. No hay trauma en el emborronamiento de una frontera, en su superación. Se trata de cristalizar el ideal de ciudadanía, ampliar los espacios políticos en donde son de aplicación nuestros derechos. Ahora  bien,  se formule abrupta o tramposamente, no tiene el menor encaje democrático abrir las urnas para levantar una nueva frontera, privando arbitrariamente a los que ya son ciudadanos de su condición, aumentando exponencialmente el número de extranjeros sin garantías ni derechos. Digámoslo cuanto antes: si nos tomamos en serio la democracia, nadie puede decidir irse de la comunidad política constitucionalmente vigente. Porque al marcharse, al trazar una línea de demarcación que separa a los conciudadanos, degradando la condición de ciudadanos de los que caen al lado malo de esa frontera, la comunidad política democrática desaparece. Bien pensado, vivir aparte es una manera de regresión a las tinieblas predemocráticas. Y votar las tinieblas no es aceptable, por supuesto que no.

Autor: Guillermos del Valle
Fuente: http://diario16.com/cataluna-no-pueden-decidir-irse/

Un comentario en ““Cataluña: ¿y por qué no pueden decidir irse?” por Guillermo del Valle

  1. La Constitución en ningún artículo ni precepto ni disposición prohíbe referéndums sobre la independencia de una región del país, de hecho la propia Constitución posibilita las herramientas para que se pueda hacer un referéndum (art. 92) incluso a nivel autonómico (art. 150.2).

    Bastaría también con aplicar los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución. Dichos artículos dicen que la Constitución española se adhiere a los pactos, tratados, acuerdos y leyes internacionales, que tanto en cuanto hayan sido publicados en el BOE y no derogados, forman parte del ordenamiento jurídico español y son de obligado cumplimiento. Y España ha ratificado la Carta de Naciones Unidas y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que reconocen el derecho de autodeterminación. Como la adhesión de España a esos pactos ha sido publicada en el BOE y no ha sido derogada, el ordenamiento jurídico español reconoce y ampara el derecho de autodeterminación.

    Pero planteemos el supuesto de que la Constitución en ningún caso, de ninguna manera, permite un referéndum sobre la independencia de una región, sea o no consultivo, sea a nivel autonómico o en todo el Estado. Planteemos ese supuesto. En España tenemos poder legislativo, que sirve para legislar, para cambiar, reformar, aprobar leyes. Si la ley no permitiese un referéndum en Catalunya, nada cuesta legislar para que sí lo permita. El principio de legalidad no es una excusa válida para negar el derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya. Es como si hace quince años se hubiese aludido a la legalidad para no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, obviando oportunamente la existencia de un poder legislativo con la potestad de permitirlo legalmente. Aquellos que recurren a la legalidad para no permitir el referéndum son también los que se niegan a reformar dicha legalidad si hiciera falta para permitirlo, entonces no es que sean legalistas, es que simplemente no son demócratas. Demuestran por lo tanto que el problema no es la legalidad sino la falta de voluntad política y la falta de catadura democrática y ellos mismos ya desmontan su argumento.

    Por otra parte, España no es una “comunidad democrática” ni una “democracia plena”. En una democracia el gobierno no usa las fuerzas y cuerpos de seguridad, gastándose para ello 87 millones de euros, para reprimir violentamente una simple votación (algo que no se ve en ninguna democracia, sólo en las dictaduras), por muy ilegal que esta pudiera ser. Si España fuese una democracia, habría permitido algo tan básicamente democrático como un referéndum de autodeterminación en Catalunya, como hizo Canadá en Quebec, Reino Unido en Escocia, o Dinamarca en Groenlandia y las islas Feroe, en vez de no permitir ni siquiera una simple consulta no vinculante aun cuando la propia Constitución permite que se pueda hacer.

    Si España fuese una democracia, no se habría inhabilitado a un juez por escribir en su tiempo libre, ni se habría encarcelado durante cinco meses sin juicio a un teniente del ejército por escribir una novela, ni se habría suspendido a un caporal del ejército por firmar un manifiesto antifranquista, ni se habría arrestado a ese mismo caporal por responder a un “Arriba España” con “Arriba tanto como carrero Blanco”, ni se habría encarcelado a unos titiriteros por una obra de ficción, ni se condenaría a nadie por las letras de sus canciones, ni se juzgaría a alguien por cagarse en Dios y en la virgen María, ni por sonarse con la bandera, ni por escribir la palabra “pederastia” con hostias consagradas.

    Si España fuese una democracia, no sería legal una Fundación Francisco Franco, del mismo modo que no es legal en Alemania una Fundación Adolf Hitler.

    Si España fuese una democracia, no tendría presos políticos, ni el poder judicial determinaría quien ha de ser y quien no el presidente de un gobierno en vez de hacerlo el poder legislativo o quien ha ser y quien no diputado de un parlamento en vez de hacerlo el propio pueblo.

    Si España fuese una democracia, el gobierno central no habría incumplido la ley, aplicando durante cinco años una amnistía fiscal inconstitucional; o negándose a someter a referéndum el Estatut d’Autonomia de Catalunya recortado por el TC, a lo cual obliga la Constitución, imponiéndonos a los catalanes un Estatut que no hemos votado ni aprobado; o aplicando de facto un Estado de excepción dibujándolo como un Estado de alarma; o dando un golpe de Estado, cesando, inconstitucional y antidemocráticamente, el legítim Govern de la Generalitat de Catalunya, y disolviendo el Parlament de Catalunya, amparándose en un artículo de la Constitución, el 155, que no le permite hacer eso, suspender la autonomía, algo que prohíbe la propia Constitución.

    “Las fronteras nos vienen dadas, aceptémoslo cuanto antes.” No, no lo acepto, no me da la gana aceptarlo, no tengo porqué aceptarlo. Si los gobernantes, los representantes políticos, las formas de Estado y gobierno, y las leyes son elegibles y sometibles a votación, también han de serlo las fronteras.

    “no tiene el menor encaje democrático abrir las urnas para levantar una nueva frontera” Sí, sí lo tiene. La independencia es una legítima aspiración política, ergo merece ser refrendada.

    “extrapolar el derecho a decidir a cada ciudad, barrio, familia o individuo” Hace 15 años también usaban la reducción al absurdo como “argumento” contra la legalización del matrimonio homosexual, pretendiendo hacer ver que el matrimonio homosexual era algo absurdo. Pero del mismo modo que el “argumento” de la reducción al absurdo no hacía absurdo el matrimonio homosexual, tampoco hace absurdo la autodeterminación de Catalunya, que tiene 7,5 millones de habitantes y territorialmente es más gran que Bélgica, Eslovenia y otros 60 países. Al contrario, lo que viene a demostrar la reducción al absurdo es precisamente que aquello que se pretende ridiculizar no es absurdo, porque si fuera absurdo no haría falta reducirlo a un absurdo. La reducción al absurdo no deja de ser un “argumento” demagógico y tramposo de personas que se ven incapaces de rebatir una idea o una aspiración en su propia fuerza.

    Muchos recurren a éste “argumento” pretenden evidenciar que la autodeterminación de Catalunya es como un capricho, que cuanto más pequeña es la región o menos numerosa es la población que pide ejercer la autodeterminación y/o independizarse menos seria es esa reivindicación, como si Catalunya, con 7,5 millones de habitantes y territorialmente más grande que 60 países, fuera una región pequeña de territorio y escasa de población. Pues hay un estado independiente que se llama Vaticano que no es mucho más grande que la octava parte de un barrio de Badalona, por lo tanto cualquier reivindicación de autodeterminación y/o independencia por parte de una región de igual o mayor tamaño e igual o mayor población que el Vaticano se tiene que respetar y considerarse sería. Si una región como el Vaticano, teniendo el tamaño que tiene y teniendo la población que tiene, puede ser un estado independiente sin que nadie piense que eso es ridículo, no hay razón entonces para considerar que, con la población y el territorio que tiene, es ridículo y caprichoso que Catalunya ejerza la autodeterminación o se independice.

    “si nos tomamos en serio la democracia, nadie puede decidir irse de la comunidad política constitucionalmente vigente.” Error. Si nos tomamos en serio la democracia, no podemos convertir la comunidad política en una cárcel. No entiendo el fanatismo por la unidad de España, hasta el punto de imponerla en contra de la voluntad de los pueblos y naciones que la forman. Has de asumir el principio de “unión y libertad”. La unión libre de los pueblos como principio es la fórmula más leal al ideario de todo demócrata, para asumir que Catalunya ha de formar parte de España voluntariamente. La idea de “unión” territorial basada en la “libertad” de los pueblos, regiones y naciones que sólo voluntariamente pueden y han de estar unidos es la más beneficiosa para Catalunya, para España, y para la relación entre Catalunya y España.

    Yo prefiero la “unión”, la “unión” en “libertad”. Pero si dicha “unión” no puede ser en “libertad”, entonces prefiero la separación, la independencia. Porque la libertad es la única parte de éste axioma que no se puede poner en duda, “libertad” por encima de la “unión”, no “unión” por encima de la “libertad”. Es inherente del sentido y significado de la democracia.

    Tomar la unidad de España como algo sagrado que no se puede tocar, como algo metafísicamente intangible, insondable, irrenunciable, incuestionable e irreformable, como algo que debe ser impositivo, obligatorio, forzoso, indebatible, inconsultivo, insometible a la voluntad de los ciudadanos, por cojones y punto, por encima de todo y de cualquier cosa, eso es fanatismo y extremismo, es la máxima del franquismo y la última voluntad de Franco.

    Me gusta

Responder a Albert Cancelar respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s