¿Y si nos tomamos en serio la alternativa?

Es legítimo desear para España un gobierno que no arrastre una estela de complicidad, cuando no de participación directa, en gravísimos casos de corrupción política. La corrupción política no es cuestión privativa de personas, colores o partidos, ha tiempo que devino en una lacra estructural que detrae numerosos recursos públicos, degrada la institucionalidad – clave de bóveda de cualquier democracia – y merma la representatividad democrática, al menos de forma simbólica, puesto que aboca a una profunda pérdida de confianza de los ciudadanos en sus representantes públicos. En este estado de cosas, no parece desorbitado desear una alternativa al gobierno de Mariano Rajoy, cuya parsimonia e inmovilismo clásico se ha convertido hace tiempo en una inaceptable connivencia con una trama de corrupción absolutamente indiscutible, que compele al propio Partido Popular a enfrentar su más que acuciante refundación.

Parece, precisamente, que ese diagnóstico es compartido por los tres partidos políticos de ámbito nacional que no conforman el gobierno: PSOE, Podemos y Ciudadanos. Llama especialmente la atención que, a partir del diagnóstico compartido, las posiciones sean tan divergentes. Cuando se mira de cerca y con detenimiento las actitudes partidistas, la sorpresa inicial decae.  PSOE y Cs, firmantes de un pacto de gobierno no hace tanto y presuntos titulares de la centralidad del tablero político, son incapaces de aparcar sus diferencias y pequeñas miserias oportunistas, y no preponderen el interés general por encima de los miopes intereses particulares. Por un lado, Pedro Sánchez lanza una moción de censura sin contar con apoyos previos, con la clara intención de reposicionarse en el escenario político tras haberse visto relegado a un papel secundario y testimonial. Una vez presentada la moción, se inicia una ronda de contactos con los partidos nacionalistas. Sigue ignorándose que, con todas las críticas que se le quieran formular a Ciudadanos, con un posicionamiento político genuinamente neoliberal y bastante oportunista en muchas ocasiones, siempre es preferible mirar hacia un partido de ámbito nacional y comprometido con el Estado que trazar alianzas y acuerdos con aquellos partidos políticos cuya prioridad número uno es deshacer el Estado. Porque si Sánchez es de izquierdas, cuestión más que dudosa, debería recordar que para la izquierda el Estado es un instrumento capital, esencial, nuclear para garantizar la igualdad. Y el Estado en España – oh, sorpresa – es, valga la perogrullada, España. Con los nacionalistas no puede fortalecerse el Estado, solo debilitarse, puesto que no otra cosa anhelan y persiguen. Y si se debilita el Estado, cualquier proyecto de igualdad, de justicia social, de redistribución, se hace, directamente, inviable.

Por eso precisamente hubiera sido exigible que PSOE y Ciudadanos se sentaran en una mesa a negociar esa moción de censura. Una moción de censura, por cierto, que hubiera contado con el incondicionado apoyo de Podemos. Ese mismo partido que, hace dos años, bloqueó, por el puro egocentrismo de su líder, la posibilidad de alumbrar un cambio político en España.

Ciudadanos, por su parte, haría bien en repasar los preceptos constitucionales y las limitaciones del ordenamiento jurídico para no incurrir en contradicciones. La sobreexposición mediática a veces les conduce a la frivolidad y a las prisas. Resulta obvio que Albert Rivera ve propicia la situación para alcanzar el poder, aupado por los favorables vientos demoscópicos. Pero España necesita un proyecto más sólido que el quítate tú, que me pongo yo. Tampoco es creíble un proyecto político que simule estruendosa sorpresa por la corrupción política del partido al que, hasta la fecha, ha sostenido en el gobierno. De la mano, por cierto, de otro genuino enemigo del Estado y de la igualdad: el PNV, cuyos orígenes racistas son indubitados, tanto como su capacidad para extorsionar al PP y al PSOE a la hora de blindar el inaceptable privilegio del cupo vasco, con su cubierta constitucional del concierto económico, igualmente anacrónica, igualmente injusta. Por tanto, simular ahora indignación con algo a lo que has sostenido en el poder suena poco creíble.

Volviendo al principio, desde Plataforma Ahora no albergamos muchas dudas de que la situación política actual es insostenible. Un gobierno débil, sin apoyos parlamentarios, lastrado por múltiples escándalos de corrupción política, y preso del chantaje de los dizque nacionalistas moderados – esa especie sólo existente en la imaginación de algunos -, exige su pronta e inaplazable sustitución. Sería aconsejable acudir a una convocatoria electoral, pero para eso Sánchez y Rivera deberían mostrar más altura de miras, menos cortoplacismo: uno, con su anhelo de ser presidente unos meses, sin plan ni guión alguno, a salto de mata, mirando a los nacionalistas y a Podemos como únicos soportes; otro, ubicuamente abducido por las promesas demoscópicas, no contempla otra opción que acudir a las urnas sin aceptar ínterin alguno, de forma inmediata, para así lograr, más pronto que tarde, ser investido presidente. ¿Propiciar una recomposición parlamentaria con la misma ley electoral injusta que padecemos y que sigue sin modificarse? ¿Formar gobierno acaso con el apoyo del PP, con el que comparte modelo socioeconómico, según ha reconocido en más de una ocasión?

A todo esto, la legislatura que parece situarse en tela de juicio, y que entra en fase terminal, ha sido una legislatura fallida. Plataforma Ahora no esperaba, obviamente, grandes reformas de corte progresista del pacto liberal-conservador firmado entre PP y Cs, pero sí, al menos, algo de presión efectiva por parte de Cs, de quien dependía por entero la gobernabilidad del país, para imponer su agenda regeneracionista o su agenda de defensa de la igualdad de todos los españoles. Ambas agendas han sido sendos brindis al sol. Acabará la legislatura sin reforma de la ley electoral, sin despolitización de la justicia, sin despolitización de los organismos reguladores. Y lo que es peor, acabará la legislatura sin que nadie ose siquiera plantear profundas reformas del modelo de Estado para fortalecerlo (recuperación de competencias de educación y sanidad para el Estado central), y, con ello, fortalecer la igualdad de todos los españoles. Ahí sigue la hegemonía nacionalista en el País Vasco, con un cupo blindado y reforzado con la aquiescencia de todos, y ahí sigue el sistema de inmersión lingüística en Cataluña, exportado a otras Comunidades Autónomas gobernadas por el bipartidismo clásico, modelo injusto frente al cual ni siquiera Ciudadanos se atreve a posicionarse con claridad.

El problema en España es de fondo, no de maquillaje: parece que, en última instancia, la única elección posible es susto o muerte, una dicotomía entre lo malo y lo peor. O mantener a la derecha corrupta en el poder, hasta que otra derecha, ésta más limpia pero de corte ya indisimuladamente neoliberal, la sustituya. O bien mirar a una supuesta izquierda, extraviada y desnortada, que sigue sin dejar de contemplar al nacionalismo reaccionario, enemigo genuino del programa social de cualquier izquierda reconocible, como un aliado preferencial.

Plataforma Ahora tiene claro que una verdadera alternativa es necesaria, imprescindible. ¿Pero qué alternativa? No vale cualquier alternativa. Siendo inaceptable el apoyo al PP, igualmente inaceptable nos parece un gobierno que inicie un proceso disparatado para parcelar y fragmentar el Estado. Ese proyecto supondría el entierro definitivo de la igualdad entre ciudadanos españoles y, en paralelo, el final de la izquierda. Si la izquierda pierde el Estado como elemento igualador, en el camino se pierde definitivamente la izquierda. Tampoco nos vale una alternativa movida a lomos de los intereses financieros, con un proyecto que en lo económico proponga acentuar el recorte del Estado del Bienestar o las drásticas bajadas de impuestos, sin explicar con honradez que esas bajadas sólo abocarán a la insostenibilidad de los servicios sociales, y a la consiguiente exclusión y miseria de millones de personas. Alternativa, sí. Pero una alternativa capaz de mantener unido el país y, al tiempo, con total congruencia, defender desde la izquierda políticas sociales que acorten las graves desigualdades que nos asolan y la terrible brecha entre unos pocos privilegiados y la inmensa mayoría de los ciudadanos.

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