Reforma constitucional, sin trampas

La ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, ha planteado la conveniencia de abordar una reforma constitucional. Desde Plataforma Ahora no nos duelen prendas a la hora de coincidir con la ministra en la necesidad de acometer esa reforma. Claro que, por decirlo todo, barruntamos que la reforma constitucional que sugiere Meritxell Batet dista mucho de ir por la dirección correcta. Es mala cosa plantear reformas sobre la Carta Magna para contentar a aquellos que pretender velar siempre por sus intereses privados y particulares en detrimento del interés del conjuntos de los ciudadanos españoles.

Claro que la Constitución de 1978 puede modificarse. Es, incluso, aconsejable a nuestro modo de ver. Vaya por delante una obviedad: siempre de acuerdo a los propios mecanismos previstos en la misma. Ahora bien, la Constitución no puede modificarse en el sentido de seguir consagrando privilegios y desigualdades entre ciudadanos españoles. Y decimos seguir porque en la actual Constitución, con todas sus luces, que las hay, persisten elementos que andan reñidos con el propio principio de igualdad recogido en el artículo 14 del texto constitucional. Así, uno de los primeros elementos que deben ponerse encima de la mesa es la derogación expresa de toda referencia a los derechos históricos, al concierto económico vasco y al convenio navarro, y la proscripción expresa de cualquier régimen fiscal privilegiado que contravenga de forma arbitraria la igualdad entre ciudadanos españoles.

Igualmente, entendemos que es perentorio acometer una reforma profunda del Título VIII de la CE en el sentido de recuperar y blindar una serie de competencias exclusivas para el Estado central. Entre ellas, educación, sanidad, justifica y seguridad. Igualmente se debería caminar hacia una verdadera armonización fiscal en todo el país, que pusiera punto final a las profundas e injustas transferencias fiscales que se han llevado a cabo durante las últimas décadas y que de facto han terminado suponiendo el vaciamiento de algunos impuestos y el dumping fiscal entre CCAA, con lo que ello comporta de lesivo para la igualdad, la solidaridad y la redistribución entre conciudadanos. La recuperación de competencias legislativas para el Estado central no persigue arrinconar los intereses de nadie, sino garantizar la igualdad entre ciudadanos. No es de recibo que en la actualidad los planes educativos sean dispares y desiguales según la CCAA donde estudie el alumno, que las prestaciones sanitarias en cada CCAA difieran de manera sustancial, o que sigamos sin contar con un historial clínico centralizado o con una tarjeta sanitaria única. Son cuestiones de una lógica aplastante, y deben abordarse de manera prioritaria si nos tomamos verdaderamente en serio la igualdad y la solidaridad entre ciudadanos. Así mismo, el cierre del reparto competencial debe terminar con la posibilidad de transferencia o delegación de competencias estatales exclusivas, como hoy reconoce, de forma a nuestro juicio muy problemática, el artículo 150.2 de la CE: El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.

Plataforma Ahora cree que el Estado debe fortalecerse no para ensimismamiento sentimental de propios y extraños sino para garantizar la existencia de un verdadero instrumento político que preserve la igualdad de todas y todos (no sólo jurídico-formal, sino también material). Creemos que la Constitución Española no debe perder ninguno de los importantes avances sociales que se plasmaron en la misma, riesgo más que patente a la vista de la hegemonía de pensamiento neoliberal que desde los años ochenta padecemos; creemos, bien al contrario, que deben darse los pasos necesarios para acentuar la consolidación y ampliación del Estado social. Así, sería muy recomendable blindar nuestro sistema público de pensiones para evitar todo subterfugio privatizador con el que fantasean algunos, así como acometer una revisión de la reforma del artículo 135 CE que, hecha con nocturnidad y alevosía, supuso una agresión indiscriminada contra los cimientos básicos y esenciales del propio Estado del Bienestar.

Para que estos logros sociales puedan blindarse de manera perdurable es imprescindible que garanticemos la integridad de nuestra ciudadanía. Sólo a partir del respeto a dicha integridad, cada uno puede construir su identidad, personal o colectiva. Prefigurar una identidad uniforme (necesariamente inventada) para cada unidad administrativa del Estado común como filtro a través del cual se accede a la ciudadanía constituye la quintaesencia de lo reaccionario. Algunos profesores y presuntos intelectuales han firmado recientemente un manifiesto propugnando una reforma constitucional en ese sentido, dando así una vuelta de tuerca a las intranquilizadoras palabras de la ministra Batet. Vuelve a demostrarse que la autoproclamada izquierda, si olvida el análisis de clase y la defensa de la igualdad para sustituirlos por toda una suerte de clichés identitarios, corre el serio riego de convertirse en una izquierda reaccionaria.

Plataforma Ahora no permanecerá silente ante el desiderátum planteado. Claro que vamos a defender la reforma de la Constitución. Pero no para encajar y blindar desigualdad y privilegios, sino para defender la igualdad de todos los ciudadanos, y fortalecer el Estado, como condición previa e irrenunciable para el blindaje y ampliación de todas las conquistas sociales. Cualquier otra postura, imbuida de la retórica identitaria y complaciente con el nacionalismo, nos inhabilitaría para ofrecer a la ciudadanía una verdadera alternativa en la izquierda.

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