Educación sin supersticiones

Anunciaba recientemente la ministra portavoz, Isabel Celaá, la enésima reforma educativa en nuestro país. Pocos minutos después, las redes sociales eran un hervidero de críticas, y no todas especialmente racionales o ponderadas. La mayoría vertidas por los sectores más conservadores o neoliberales de la sociedad que se apresuraron a poner el grito en el cielo ante el planteamiento de la ministra de excluir la religión, como asignatura evaluada, de la escuela pública y recuperar una asignatura de educación para la ciudadanía.

A modo de déjà vu, los análisis sobre la educación se contaminan de un maniqueísmo insoportable. Por un lado, la sobreactuación en la crítica resta espacio para la crítica racional y fundada, que no suele corresponderse con la moralina clerical de los conservadores ni con el abstencionismo ubicuo que propugnan los neoliberales, siempre ávidos por relegar al Estado a un papel simbólico o testimonial. Tras el estruendo, los silencios atronadores. Pasó inadvertida la crítica de la Ministra a los itinerarios, el aroma a LOGSE que los discursos de la izquierda nominal suelen desprender. Como si no fuera aquella ley, precisamente, fuente de innumerables disfuncionalidades en la educación pública, bajo el errado prisma de igualar por abajo y de estigmatizar el esfuerzo, el mérito y la capacidad.

Pero la derecha más vociferante pronto sacó a pasear su arsenal propagandístico – ¡qué poco nos sorprende! – para criticar aquello que, precisamente, no resultaba criticable. El sano intento de hacer de la educación pública un espacio laico. La exclusión de cualquier asignatura de religión de la escuela pública. Porque la escuela pública no puede estar para formar en un credo privado o particular. Se confunden aquellos que creen que el laicismo es una postura antirreligiosa. Muy al contrario, el laicismo constituye el verdadero fundamento de la libertad religiosa y, en general, de la libertad para conformar cualquier opción identitaria personal. Quienes se ofenden cuando alguien plantea una asignatura de educación cívica yerran de manera estrepitosa. El ubicuo mantra de la libertad educativa de los padres no puede implicar la desaparición del Estado en la educación de los ciudadanos. Porque la educación siempre es una preocupación pública. Una preocupación pública central porque constituye el verdadero instrumento de transformación social, la herramienta real para luchar contra la predeterminación, contra el determinismo familiar que algunos parecen querer blindar: ése que haría que los hijos de quienes tienen una familia con posibilidades culturales o económicas prosperen, mientras que quienes parten de contextos familiares desvalidos queden irremediablemente lastrados para siempre.

Es esencial que a los alumnos no se les enseñe solo conocimientos para que puedan ser buenos profesionales. Es aún más importante que se les instruya como ciudadanos de pleno derecho. Una asignatura de valores cívico-democráticos, aunque no lo entiendan los despistados ni los fanáticos, empezaría enseñando a nuestras niñas y niños que la ciudadanía democrática no es una apetencia discrecional modulable según el territorio donde uno nazca, sino el conjunto de derechos y deberes que la ley común garantiza en pie de igualdad para todos nosotros. En la segunda lección sería imprescindible prevenir a los alumnos contra todos los dogmas, religiosos o ideológicos, porque una educación verdaderamente laica también deberá de serlo desde un punto de vista identitario. La tercera lección fundamental que debería incluir cualquier manual de Educación para la Ciudadanía sería la de enseñar a los futuros ciudadanos que vivir en sociedad implica contrapartidas, que nuestra individualidad no habilita la posibilidad de “vivir aparte”, que no todos partimos en igualdad de condiciones y que los impuestos no son, como gritan los todólogos en algunas teles o radios, una apropiación indebida del Estado, sino un verdadero instrumento de solidaridad para garantizar una sociedad más justa y digna.

La ministra portavoz no dejó pasar la oportunidad para volver a incurrir en la ambivalencia clásica del PSOE. Buenas ideas combinadas con tristes prejuicios. La admiración por el sistema de inmersión lingüística, ese código de exclusión que sobre todo discrimina a los más débiles de la sociedad. O su sumisión ante la fragmentación autonómica de la educación, que la ha terminado convirtiendo en muchas partes de España en un instrumento de adoctrinamiento en manos de los prebostes de esa religión presuntamente laica que es el nacionalismo.

Entre los viejos vicios de la izquierda nominal y los estruendos reaccionarios de una derecha empeñada en desempolvar el cheque escolar y la confusión de los credos privados con la esfera de lo público, se antoja más que nunca imprescindible articular un discurso desacomplejado como el que propugna Plataforma Ahora. Como organización cívica de izquierdas, creemos en la educación como verdadero instrumento de transformación y reequilibrio social. Entendemos que el mérito y la capacidad no pueden ser nunca conceptos privativos de la derecha, puesto que son, precisamente, el mejor antídoto para combatir las desigualdades socioeconómicas y familiares de los ciudadanos. Nos oponemos de manera contundente a cualquier intento, velado o explícito, por privatizar la educación. Defendemos una educación única e igualitaria en todo el país. Y mostramos nuestro firme rechazo a seguir contaminando una preocupación genuinamente pública como la educación con los credos particulares y privados, sean éstos cuales fueran. La educación necesita una reforma integral y duradera, pero ésta no podrá abordarse nunca desde la óptica de las viejas supersticiones. Precisamente porque frente a todas esas supersticiones la única solución es la buena educación: pública, laica, de calidad e igualitaria en todo el Estado.

 

 

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