Vivienda: los derechos sociales son también fundamentales

Resulta innegable que el derecho a acceder a una vivienda se ha convertido en un problema de primera magnitud en España. Los disparatados precios de los alquileres, así como las leoninas condiciones hipotecarias con las que la banca nutre desproporcionadamente su cuenta de resultados, sumado todo ello a la generalizada precariedad laboral que nos asola, ha convertido esta preocupación vital en uno de los desafíos más considerables de nuestro tiempo. Bien haríamos en atender al mismo con rigor y seriedad, sin caer en los cantos de sirena clásicos de aquellos que pretenden revertir la situación ahondando en medidas altamente nocivas.

¿Por qué le interesa a la sociedad española que la vivienda sea económicamente accesible? Porque no debemos olvidar que España es un Estado social y democrático de Derecho. ¿Es que tenemos que recordarlo? Muchos que hoy se afanan en presentarse como defensores de la Constitución no son más que unos hipócritas. El derecho a una vivienda digna es tan decisivo para una verdadera democracia como la libertad de expresión o el derecho a la tutela judicial efectiva. Cuando comprar o alquilar una vivienda es sinónimo de un problema que compromete las opciones vitales de las personas, la democracia comienza a diluirse.

El acceso a la vivienda no puede convertirse en cadenas que limitan nuestras posibilidades como ciudadanos, nuestra libertad o que coartan el desarrollo de un proyecto de vida. Quienes predican, siguiendo el catecismo neoliberal destructivo, la imperativa abstención de los poderes públicos yerran de forma estrepitosa. No, los fuegos no se apagan avivando las llamas.

El alto coste de las viviendas – o de alquileres -, además de frustrar a buena parte de nuestra sociedad dificultando realizar, como antes decíamos, su proyecto de vida, limita el consumo familiar. Por otra parte, el alto coste de compra o alquiler de oficinas, despachos profesionales, naves industriales, etc. es una rémora para la competitividad por introducir una carga en los costes empresariales y limitar capacidad de inversión de autónomos y empresas.

Por tanto nos parece un objetivo social a apoyar, conseguir que el esfuerzo económico para “producir” inmuebles sea lo más bajo posible. Analizando los factores que intervienen en este producto, y quedándonos con los más significativos, podemos llegar a conclusiones sobre cómo deben actuar los poderes públicos.

La construcción en sí y sus costes asociados han de quedar vinculados a la mejora técnica y de productividad. No es razonable pensar que el coste actual tenga mucho recorrido a la baja, más aun pensando en que debemos ir cada día más a una construcción de reducido coste de mantenimiento y con un resultado final energéticamente sostenible. Posiblemente tengamos que invertir más en construcción de calidad para ahorrar después en mantenimiento y en gasto energético. En Marinaleda se han puesto en marcha planes para que las personas sean las que ellas mismas puedan construir sus viviendas con ayuda de técnicos que velan por la seguridad y la calidad de la construcción. No es la solución ideal, pero sí se trataría de un paso adelante en desligar el vínculo entre banca y vivienda. Pero, al menos, en este ejemplo la gente puede invertir trabajo para tener una casa, con la ayuda del ayuntamiento en lo que respecta al suelo, que es cedido al ‘autoconstructor’. Y es que el suelo es un factor decisivo.

Los poderes públicos deben marcarse como objetivo limitar este coste que solo a muy pocos beneficia y a todos perjudica. De hecho, la especulación sobre el mismo ha generado corrupción en los ayuntamientos y un tipo de financiación B para entes municipales con tareas que desbordan sus competencias. Para comenzar, debería hacerse una reserva de un alto porcentaje de suelo para inmuebles de precio limitado. Inmuebles que al final no harán sino incidir a la baja en el mercado inmobiliario, siempre que se tomen las garantías para que estos se mantengan en su precio limitado durante un amplio periodo de tiempo.

Si queremos una sociedad donde el coste para acceder a la vivienda, y por extensión a cualquier inmuebles, no suponga una dificultad para desarrollar nuestro proyecto vital y no sea una rémora para la marcha de la economía, los poderes públicos deben intervenir en la vivienda, fundamentalmente mediante mecanismos para limitar directa o indirectamente el precio del suelo. Debemos ser conscientes que no se trata de un mero mercado, sino un derecho y como tal los poderes públicos deben actuar. En este sentido, hay experiencias a nivel internacional que se ocupan de hacer del acceso a la vivienda una vía más fácil para las rentas más bajas. En México, existe desde hace años Infonavit. De acuerdo al salario y años trabajados se puede acceder a un crédito que permita comprar una casa. Tradicionalmente, el crédito lo daba el gobierno y detraía cada mes el salario la parte proporcional para el pago de la vivienda. De esta manera, todas las familias, incluso con un poder adquisitivo muy bajo, podían tener una casa en propiedad. Esta experiencia no significa expulsar a la banca. Simplemente, darle un papel subsidiario para, por ejemplo, casas de mayor cuantía.

Si algo queda claro es que las políticas que propugnan la ausencia de control, regulación e intervención de los poderes públicos son eminentemente erradas. Son las mismas, por cierto, que durante años han permitido la espuria alianza público-privada para saquear las instituciones y redes de vivienda pública y han dejado en manos de fondos buitre la gestión de la vivienda social. He ahí el ejemplo de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. Es común encontrarnos en nuestros juzgados y tribunales empresas dedicadas a la absoluta especulación inmobiliaria subrogándose en la posición de la entidad bancaria y ejecutando préstamos hipotecarios atestados de cláusulas abusivas. Muchas de estas ejecuciones terminan desembocando en lanzamientos que dan con personas humildes y sin recursos en la calle. Haríamos mal en mirar a otro lado: ni los poderes públicos han sido contundentes en penalizar a esas empresas especulativas que se lucran, con frecuencia, desobedeciendo las leyes y la propia Constitución, sino que en demasiadas ocasiones han actuado con una deplorable complicidad con los mismos; ni los organismos reguladores han observado sus cometidos más esenciales a la hora de poner punto final a las prácticas bancarias abusivas. Hipotecas multidivisas, IRPH, cláusulas suelo, intereses moratorios desorbitados, gastos hipotecarios, la lista resulta interminable. En caso de duda, siempre ganaba el más fuerte. Y los poderes públicos, en vez de regular las interacciones privadas y tutelar para que de las mismas no se derivasen abusos, optaron por la triste pero cómoda vía de mirar hacia otro lado.

Retos análogos aparecen en lo referente a los alojamientos turísticos. Los mismos inciden en el precio de la vivienda, no en la media nacional, pero sí en el de unas zonas concretas de algunas ciudades y en la expulsión de inquilinos que no pueden competir con los precios que se establecen para los turistas. Como consecuencia, en estos barrios se ha generado una escalada de precios y la pérdida de residentes habituales que son sustituidos por turistas. Esta situación genera una indiscutible desvalorización de la vida en estas zonas de la ciudad, dedicadas cada vez más al monocultivo turístico y que van perdiendo la diversidad de actividades que genera una ciudad como tal y que es la esencia de la vida ciudadana. Se trata de una situación que ya se presentó hace años cuando los centros de las ciudades comenzaron a vaciarse de viviendas para ser sustituidas por oficinas; situación que se ha revertido en buena parte por la reacción del planeamiento municipal de los ochenta del pasado siglo que limitó mucho la implantación de actividades económicas en los barrios residenciales. Además los alojamientos turísticos pueden provocar molestias a los vecinos de los inmuebles en los que se sitúan, con más facilidad de los que pueden originar los residentes estables.

Por todas estas razones consideramos que se debe actuar políticamente frente a la opción de posibilitar sin límite alguno los alojamientos turísticos. Reconociendo el valor del sector turístico en la economía y el valor cultural y lúdico que supone viajar, consideramos necesario que los poderes públicos lo limiten. Por un lado impidiendo su concentración en determinados barrios, permitiendo que estos sigan manteniendo sus caracteres residenciales, y con el añadido de enriquecer la vida de otros barrios más periféricos que contarían con los alojamientos turísticos que no se pudieran implantar en el centro; y por otro lado limitando el modo de implantación en los edificios para evitar molestias a los residentes: permitiendo esta modalidad de actividad económica solo en edificios exclusivos, o en algunas plantas de los edificios residenciales, con accesos independientes.

En definitiva, Plataforma Ahora está plenamente convencida de la necesidad de que la izquierda ubique en un lugar preferente de la agenda social el derecho a la vivienda. Repetimos: la vivienda es un derecho, constitucionalmente reconocido. En consecuencia, será absolutamente necesario huir de lugares comunes trazados con brocha gorda y tener la suficiente personalidad para escapar de los cantos de sirena desregulacionistas y liberalizadores de los que también participa cierta izquierda oficial y cuyo fin es engordar los resultados de la banca. Pongamos en valor – de nuevo y frente a la oleada que persigue su demonización – la funcionalidad y dignidad de lo público. Simplemente se trata de garantizar derechos fundamentales.  

Un comentario en “Vivienda: los derechos sociales son también fundamentales

  1. El principal problema lo tendríamos a la hora de que los grupos parlamentarios se pusieran de acuerdo para realizar modificaciones en la CE con el objetivo de incluir la vivienda dentro de los derechos fundamentales “strictu sensu”, y no donde se hallan actualmente ubicados. Pero sí, es cierto que no puede olvidarse que la vivienda es un bien indispensable para todo ser humano. De hecho, cabría preguntarse si la existencia de viviendas inaccesibles no supondría en sí misma una vulneración de la propia dignidad de la persona (yo, al menos, creo que sí).
    De lo que no cabe duda es que, debería plantearse al menos su regulación a nivel autonómico y local, porque no es normal que personas tengan que vivir en auténticos zulos o incluso en balcones y terrazas (Ibiza es un claro ejemplo de ello), mientras que existen propietarios que se lucran a espaldas de la Administración, y ni siquiera tienen legalizada la situación de la vivienda ni tributan. En fin… Es un problema serio.

    Me ha gustado mucho tu entrada, por cierto. Un saludo.

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